COMUNICADO Las organizaciones sociales hemos señalado en reiteradas ocasiones que
la explotación sexual es una de las más graves violaciones a los derechos
humanos e implica la utilización de niñas, niños y adolescentes en actos de
naturaleza sexual a cambio de una contraprestación, en dinero o en especie. Hoy nuevamente nos asombramos con actuaciones judiciales que si bien
hacen hincapié en la importancia de contar con "un adecuado
marco de contención y tuición de menores", omite deliberadamente la
responsabilidad de los explotadores. El fallo expresa "Varias personas de sexo masculino declararon en
esta sede en carácter de indagados por ser policialmente vinculados a la
posible explotación sexual de K. M. Si bien todos ellos han mantenido contacto
sexual con la misma, sea por haber mantenido relaciones con ella o presenciado
o participado en actos eróticos a su respecto, no se han encontrado, a criterio
del Ministerio Público y Fiscal, elementos probatorios que permitan atribuirles
inicialmente alguna responsabilidad que desde el punto de vista penal se
encuentre tipificada. Aún así, sus declaraciones igualmente dan cuenta de la
gravísima situación de vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta"
señalando en otros pasajes la forma en que las adolescentes obtenían dinero a
cambio de sexo. La "sana política criminal" según el fallo, es la
razón para no iniciar un proceso penal en su contra. Es por esto que hoy nuevamente reiteramos que: El Estado Uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar
y reparar este tipo de delitos, conforme corresponde con el principio y deber
de debida diligencia, obligación asumida en diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos que ha ratificado. El Poder Judicial forma
parte fundamental del Estado Uruguayo, y como tal debe responder con
pronunciamientos jurisdiccionales que se encuentren a la altura de estilo que
requieren la protección de derechos fundamentales. De acuerdo con los arts. 4 y 5 de la ley No. 17.815 vigente, son
responsables tanto las personas que contribuyen a la explotación como quienes
paguen o prometieren pagar o dar alguna ventaja de cualquier naturaleza a
niñas, niños o adolescentes para que ejecuten actos sexuales o eróticos de
cualquier tipo. El fallo judicial y, previamente, el dictamen fiscal por
tanto, son omisos en la aplicación de la norma al no haberse iniciado
proceso penal por los delitos cometidos. Bajo ningún concepto debería permanecer impune quien realizó
retribuciones en dinero y en especie, a una adolescente para mantener
relaciones sexuales con ella. Consideramos que los sistemas de justicia de cualquier país, juegan un
rol vital en el respeto y fortalecimiento de la democracia. Y como parte de
este proceso, es nuestro compromiso desactivar todos los sesgos que afectan
negativamente a las víctimas. Para que los órganos integrantes del sistema de justicia penal -
defensores/as, jueces/as y fiscales-respondan ante estas situaciones con
efectividad y justicia resulta imprescindible revisar y eliminar las concepciones
adultocéntricas, estereotipos sexistas y prejuicios de clase que sustentan
estos delitos y contaminan luego su análisis, evaluación, e incluso la
interpretación misma de la ley. Las organizaciones firmantes, exigimos un sistema de justicia nacional
que garantice los derechos humanos, y no, que garantice la impunidad de quienes
los violan. - Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual - Red Género y Familia - Red Canarias en Movimiento - La Red de Mujeres Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y
de la Diáspora Región Cono Sur - Casa de la Mujer de la Unión - Centro Interdisciplinario Caminos - Cire- Ciudadanías en Red - Ciedur - Colectiva Mujeres - Cooperativa Mujer Ahora - Crysol - CNS Mujeres - Data Uruguay - El Paso - El Abrojo - Programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la FHCE-UdelaR - Grupo Derecho y Género de Facultad de Derecho -UdelaR - Programa Género y Cultura FLACSO Uruguay - Aire.uy - Instituto Mujer y Sociedad - IACI- Infancia y Adolescencia Ciudadana - Agencia Voz y vos - Mujeres de Paz Uruguay
- Serpaj- Servicio de Paz y Justicia Uruguay |